Fuente: Ecuadorinmediato
Además, pide a la Contraloría iniciar las investigaciones respecto del uso y destino de los fondos recaudados por este impuesto desde su entrada en vigencia hasta la actualidad
Desde enero de 2019 se realiza el pago del 100% del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV), o más conocido como «impuesto verde», que toma en consideración el cilindraje (mayor a 1500cc) y la antigüedad del vehículo. Ante el reclamo de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo exhorta al Presidente Lenín Moreno a modificar este tributo para que, según informan, se garantice la aplicación de los principios de «quien contamina, paga; no haya exenciones con vehículos que generan contaminación; eficiencia; equidad; transparencia; y, que los recursos recaudados se destinen a políticas ambientales».
El Colectivo Nacional “Fuera Impuesto Verde” solicitó a la Defensoría del Pueblo su intervención frente al incremento de este tributo.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza expresa su preocupación frente a los criterios y parámetros determinados en la referida normativa; pues, explican, “si bien busca premiar los procesos que contribuyan al mejoramiento del ambiente y desincentivar las prácticas contaminantes, incumple con los objetivos que inspiraron su creación.
Entre ellos, el principio de “quien contamina, paga”. Esta normativa aplica el impuesto al cilindraje y antigüedad de los vehículos, y no al nivel de contaminación que producen. Además, señalan que los recursos recaudados deberían estar destinados al sostenimiento de políticas ambientales, pero, lamentan que esto no está claramente establecido en la ley.
Según información provista por el Ministerio del Ambiente, el subsector transporte representa el 21% y genera 16.87 millones de toneladas de dióxido de carbono de las emisiones nacionales; evidenciando que la contaminación es generada por todo el sector de transporte. Cuestionan que el “impuesto verde” establece algunas exenciones, sobre todo, al transporte público. “Las políticas de gestión ambiental deberían aplicarse de manera transversal y ser de obligatorio cumplimiento para todo tipo de transporte”.
Por ello, exhortan al Presidente de la República del Ecuador, como proponente de esta Ley, a modificar el impuesto para que se garantice la aplicación de los principios mencionados, así como a la Asamblea Nacional a que genere un procedimiento participativo, transparente, técnico e incluyente para lograr que la medida tributaria ambiental contribuya al mejoramiento del ambiente y desincentive las prácticas contaminantes.
Pide a la Contraloría General del Estado iniciar las investigaciones respecto del uso y destino de los fondos recaudados por este impuesto hasta la actualidad.